SELVA LACANDONA CASI ACABADA

EFECTOS EN EL SECTOR FORESTAL DE CHIAPAS
La Selva Lacandona
La Selva Lacandona, con una extensión total de 1,3 millones de ha, es uno de los espacios tropicales más ponderados de México por sus riquezas naturales e históricas y su posición estratégica. En efecto, la región cuenta con sitios arqueológicos en el norte, lugares para la conservación de los recursos forestales en la comunidad Lacandona y en la Reserva de la Biosfera de los Montes Azules, y espacio para la colonización y la expansión de la frontera agrícola en Marques de Coimillas y en la región de Las Cañadas. Además, esta región es importante para la seguridad nacional pues constituye la frontera con Guatemala.
Entre los decenios de 1970 y 1980 se fomentó la distribución de las tierras y la ganadería a amplia escala a través de la colonización de la Selva de Lacandona, permitiéndose la recolección de leña durante este período. Sin embargo, a principios de 1977, 331000 ha de la Selva Lacandona pasaron a formar la Reserva de Biosfera de los Montes Azules, que se convirtió en la primera reserva protegida del país.
Zona talada en la Selva Lacandona
En 1986, en respuesta a la creciente presión por un enfoque ecológico en la gestión de los recursos naturales, el Gobierno creó la Comisión Intersecretarial para la Protección de la Selva Lacandona; posteriormente, en marzo de 1987, se estableció un acuerdo de cooperación para la conservación y el desarrollo de la Selva Lacandona entre el Gobierno Federal, el Gobierno del Estado y las comunidades de Marques de Coimillas y de la región de Las Cañadas (área importante de la rebelión de enero de 1994).
Los primeros resultados de la Comisión mostraron que era posible detener el proceso de desaparición y deterioro de las selvas a través de la gestión apropiada, que la participación campesina era una condición indispensable para la conservación, y que los sectores e instituciones involucradas respondían a las iniciativas de cooperación y de solicitud de corresponsabilidad. Sin embargo, al terminar el período presidencial de seis años en 1988, desaparecieron la Comisión y el acuerdo, y se abandonó la cooperación con las comunidades.
La interrupción del programa de conservación y desarrollo sostenible de la Selva Lacandona ocasionó que 26 poblados de la región de Las Cañadas - colindantes con la Reserva de Biosfera de los Montes Azules - mantuvieran una situación de inseguridad sobre la propiedad de sus tierras y bosques, pues no se llegó a concretizar una resolución presidencial que les garantizara el pleno dominio.
La política forestal en Chiapas
Desde 1970 y hasta mediados de 1988, la práctica forestal dominante en Chiapas consistía en explotaciones madereras comerciales y tradicionales no sostenibles, a cargo de grupos privados y estatales, en las que los campesinos, propietarios de los bosques, tenían un papel muy marginal. El Gobierno tenía el monopolio de las concesiones madereras y sólo una pequeña parte de las ganancias se transferían a los campesinos y a sus asociaciones o ejidos. Sin embargo, a principios de 1980, los ejidos comenzaron a participar más directamente en la utilización y gestión forestales, clasificando su tierra como propiedad forestal permanente y preparando planes de desarrollo de la gestión que dieron a los campesinos el control directo de la utilización de recursos sostenibles y, en algunos casos, mayores ganancias. En 1986, se modificó la legislación, terminando el monopolio del Estado sobre las concesiones y haciendo que la actividad forestal operara en un marco de mayor competitividad. El Gobierno Federal suministró fondos limitados a las organizaciones forestales de campesinos y a sus proyectos de producción y reforestación. Se dio un mayor énfasis a los viveros, a las plantaciones y a la agroforestería, y menos importancia a los aspectos administrativos, técnicos y financieros de la gestión forestal comunal.
Desde 1989 se comenzó a promover una nueva política forestal estatal que comprendía: la restricción de los aprovechamientos maderables en el 95 por ciento del territorio; la cancelación de prácticamente todo apoyo a la industria forestal; la tipificación del delito de «daño al patrimonio ecológico del Estado»; la vigilancia forestal y ecológica policíaca, judicial y represiva contra toda corta de árboles, ya fuera para leña, otros usos rurales, o simplemente la poda.
Al vedarse los bosques al aprovechamiento maderero comercial e inclusive a la producción de leña, se afectaron en la zona de Chiapas a unas 45000 ha de pinos y 90000 ha de maderas tropicales preciosas. De esta manera, las comunidades locales propietarias de bosques - incluyendo las municipalidades de las zonas que luego se rebelaron - fueron despojadas de sus entradas, empleos y leña. En 1992 y 1993, en los altos de Chiapas y en otras áreas de la zona, se produjeron varios enfrentamientos entre las autoridades estatales y las comunidades indígenas a causa de la restricción de la corta para leña.